El encuentro fue parte del Ciclo de Conversatorios “Derechos Humanos en Tiempos de Pandemia”, realizado con el objeto de “promover una reflexión amplia rigurosa, desde un enfoque basado en la doctrina y los principios de los derechos humanos, sobre un conjunto de dimensiones de la crisis pandémica, sus impactos en materia sanitaria y económico–social, y las perspectivas de resolución post–pandémica”, según explicó el director del Programa, Víctor Osorio.

En una ilustrativa presentación, Pujols explicó que la situación de vulnerabilidad de la población migrante es provocada, en gran medida, por la condición de irregularidad en que se encuentran muchos extranjeros, ya que está tardando hasta dos años la entrega de la cédula de identidad por parte del Departamento de Extranjería y Migración.

“Una persona puede vivir legalmente en el país, pero está dos años sin cédula. Vivir en Chile sin cédula es como si no existieras: no puedes firmar un arriendo, no puedes firmar un contrato laboral, de manera que durante dos años quedas totalmente desamparado por parte del Estado”, enfatizó.

De acuerdo con Pujols, las políticas migratorias aplicadas por el Ejecutivo durante los dos últimos años no han hecho más que incentivar la inmigración por pasos no habilitados, y tal es así que de 2018 a 2020 aumentó un 177 por ciento la llegada de población en condición irregular. “Es la mayor cantidad de inmigración irregular en la historia de Chile”, aseveró.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile puso como ejemplo que en 2019 no más de 100 personas venezolanas entraron por pasos no habilitados, mientras que en el año en curso ya han entrado al país por esas peligrosas rutas más de 10 mil.

Según los cálculos de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, del millón 400 mil inmigrantes que residen en el país, hay medio millón de personas que están, o bien en situación irregular por diferentes motivos (entraron por paso no habilitado o no pudieron renovar su visa), o en situación de semi irregularidad, como las personas que pueden vivir legalmente en el país porque están en trámites de su residencia, pero que el Estado se niega a entregarles la cédula.

“Mantener a una persona sin cédula es una barbaridad en términos del Derecho. Se incumple la ley constantemente, porque las normas de Derecho Administrativo obligan al Estado a resolver esa problemática en seis meses, en circunstancias que tardan dos años”, reiteró Pujols.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de que Chile cuente con una nueva y moderna Ley de Migración y Extranjería, que aborde la problemática con un enfoque de derecho, a diferencia de la actual ley, que fue redactada en dictadura (1975) y concibe al extranjero como una amenaza.

Criticó que la actual política migratoria condicione la residencia legal a la existencia de un contrato laboral, ya que eso conlleva en no pocos casos a que la población migrante soporte abusos laborales, porque ya no solamente su vida depende en términos de trabajo de ese contrato, sino que además su estatus en el país.

“Por lo tanto, vemos una esclavitud moderna, porque se ven obligados a soportar cualquier condición laboral que se le imponga por el empresariado”, expresó Pujols, que se pronunció a favor de que el gobierno decrete un proceso de regularización extraordinario en el contexto de la pandemia, tal como han sugerido la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Mundial de la Salud.